El Movimiento al Socialismo (MAS) pretende iniciar un juicio de responsabilidades contra tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que no se someten a los designios del Ejecutivo, para posteriormente sustituirlos por operadores dóciles dispuestos a viabilizar la reelección indefinida del Presidente Evo Morales, denunciaron diputados de las bancadas opositoras Convergencia Nacional (CN), Unidad Nacional (UN) y Movimiento SinMiedo (MSM).
“Hacemos conocer a la población nuestra preocupación por un nuevo intento del MAS y de Evo Morales de aprobar una ley que descabeza al Tribunal Constitucional Plurinacional, y que deja claramente establecido que los operadores masistas, a la cabeza del ex diputado Héctor Arce, hoy Procurador General, pretenden construir un TCP absolutamente obediente a los designios del MAS y a los deseos de Evo Morales de perpetuarse en el poder”, denunció la diputada del MSM Marcela Revollo en una conferencia de prensa conjunta con diputados de CN y UN.
De la noche a la mañana, la Cámara de Diputados agendó el debate de un proyecto de Proposición Acusatoria, propuesto por la Comisión de Justicia Plural, en contra las magistradas Ligia Velásquez y Zoraida Chanez por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución, aunque la oposición asegura que se trata de una represalia porque suspendieron la aplicación de la Ley del Notariado.
Los magistrados Gualberto Cusi, Chanez y Velásquez no obedecen la línea política del Presidente y el castigo es persecución, amedrentamiento y juicios porque las autoridades judiciales, argumentó Revollo. Según el diputado Alex Orozco de CN, el oficialismo abusa nuevamente de su mayoría y una vez más actúa como el “verdugo de la democracia” con un juicio de responsabilidades ilegal contra tres magistrados rebeldes.
“Esta es la demostración de cómo el gobierno persigue y amedrenta no solo a opositores, sino también a las autoridades judiciales que no estuvieron de acuerdo con la re reelección, y que no están de acuerdo con el manipuleo y la injerencia política en la administración judicial. Ahora entendemos por qué el Vicepresidente Álvaro García Linera, de manera arbitraria, abusiva y unilateral, ha decidido suspender el receso parlamentario, porque tenía la intención política concreta de eliminar a los magistrados del TCP que no están en la línea del Presidente Morales”, fustigó Orozco.
Luego de solidarizarse con los magistrados ante el asedio del Ejecutivo, el diputado José Luis Gantier explicó que el Poder Ejecutivo no se anima a asediar directamente a los magistrados y usa a la Asamblea Legislativa para presionar al TCP; “necesitan libertad para tomar decisiones y proteger el estado de derecho, pero no pueden siquiera resolver un fallo cuando ya están siendo presionados por el Ejecutivo”.
Orozco reveló que esta mañana el Comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Comisión de Justicia Plural presentó al pleno de la Cámara el informe de proposición acusatoria. El informe llegó en paquete y “con cinta azul” desde el Ejecutivo, específicamente desde la Procuraduría del Estado a cargo del señor Héctor Arce Zaconeta, quien “hace injerencia directa del Ejecutivo en Órgano Judicial. Se trata de un hecho político para descabezar al TCP, someter a la justicia y romper la democracia”, criticó el legislador opositor.
Por si fuera poco, Orozco informó que en la Comisión de Justicia se tienen al menos 240 casos entre juicios de responsabilidades y otro tipo de procesos, de los cuales 10 tienen imputación. Lo curioso es que el último caso que ha llegado a la Comisión este mes es el juicio de responsabilidades contra los magistrados, pero es el primero en ser procesado, y en menos de una semana.
Según la diputada Revollo, lo que queda claro con esta decisión es que el MAS y Evo Morales admiten que no tendrán dos tercios de voto en la próxima asamblea plurinacional y por ello requieren hoy tener un TCP que garantice la reelección indefina de Evo Morales mediante la modificación de la Constitución, no por vías constitucionales sino por arbitrarias interpretaciones de la CPE.
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